Tijuana, Baja California, 14 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de más de siete toneladas de diversos narcóticos que fueron incautados en distintos operativos en Baja California. El acto protocolario de destino final fue encabezado por la delegada estatal de la institución, la maestra Teófila González Lozada, quien resaltó el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para retirar los estupefacientes de las calles de la región.
Metanfetamina: el mayor cargamento destruido
Durante el evento, se detalló que el cargamento más voluminoso correspondió a la metanfetamina, con una cifra que supera las 4.5 toneladas entre sus diversas variantes. Esta sustancia, de alto impacto en la salud pública local, representa el mayor porcentaje de lo destruido, seguida por más de 2.7 toneladas de marihuana. La suma total de los estupefacientes y precursores químicos incinerados alcanzó los 7,654 kilogramos con 697 miligramos.
Desglose de otras sustancias incineradas
Además de los principales cargamentos, las autoridades federales destruyeron 115 kilogramos de cocaína, así como diversas cantidades de opio y morfina. También se incluyeron en la quema miles de unidades de productos psicotrópicos que habían sido asegurados en meses recientes. Este proceso busca dar cumplimiento a la normativa vigente sobre el destino final de objetos de delito y evitar que los materiales bajo custodia representen un riesgo de seguridad.
Controles estrictos en el pesaje
Representantes del Órgano Interno de Control de la FGR destacaron que la destrucción de estas sustancias requiere un proceso jurídico riguroso. Por ello, se ha instruido fortalecer los mecanismos de pesaje e identificación de cada narcótico para garantizar la transparencia. En el acto se reconoció la labor de peritos y agentes ministeriales que participaron desde el aseguramiento inicial hasta el resguardo final de las sustancias en las bodegas federales.
Impacto en la seguridad regional
Tras esta incineración, las autoridades federales planean continuar con el desahogo de bodegas de evidencias para agilizar los procesos judiciales pendientes. Se espera que este tipo de actos públicos refuercen la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, asegurando que la droga decomisada no regrese a las comunidades de Baja California.
