Por Isabel Mendoza
Tijuana, 12 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Tijuana vigilará que los recursos destinados a la rehabilitación de personas en situación de calle no se utilicen para terapias de conversión, prácticas que ya son consideradas un delito en Baja California. Ante los cuestionamientos sobre la colaboración con grupos de rescate, el alcalde Ismael Burgueño enfatizó que el apoyo institucional está centrado estrictamente en la dignidad de la persona, según lo expresó el presidente municipal Ismael Burgueño.
La controversia escaló tras la denuncia penal interpuesta por el Comité de Orgullo LGBT de Mexicali contra la organización “Patrulla Espiritual”, señalando presuntas prácticas de conversión forzada. Al respecto, se cuestionó al mandatario municipal sobre los mecanismos para asegurar que el presupuesto público no financie estas actividades inhumanas, especialmente tras el anuncio de una colaboración para rescatar a 300 personas con adicciones.
El alcalde Burgueño fue claro al señalar que la ley debe cumplirse y que los procesos judiciales por estas denuncias seguirán su curso natural. Sin embargo, subrayó que el enfoque de su administración es la protección del individuo en su forma más pura, sin distinciones.
En una postura que refuerza la inclusión y el respeto a la integridad personal, Ismael Burgueño destacó que las becas de rehabilitación están diseñadas para apoyar “al ser humano como tal, en su esencia”. Con estas declaraciones, el edil sugirió que el apoyo gubernamental trasciende géneros o condiciones particulares, enfocándose únicamente en el derecho a la salud y a la vida.
“En las becas, son precisamente apoyadas al ser humano y tiene derecho a esa oportunidad de hacer su vida y de ver a su familia y todo lo que está a su alcance”, puntualizó el alcalde. Esta visión busca blindar el programa social, asegurando que el objetivo sea la reinserción y no la modificación de la identidad de los beneficiarios.
Ante la preocupación ciudadana por posibles abusos en los centros de rehabilitación, el presidente municipal indicó que se abrirán los escenarios necesarios para el diálogo y la supervisión. El objetivo es garantizar que cualquier grupo que colabore con el Ayuntamiento, incluyendo a la Patrulla Espiritual, se apegue a los marcos legales que prohíben tratos degradantes o terapias prohibidas por la ley estatal.
“Habrá los escenarios también para poder dialogar, para poder fortalecer esa parte y garantizar los derechos humanos de la ciudad con los ciudadanos”, afirmó Burgueño, reiterando que la prioridad es que cada persona rescatada de las calles de Tijuana pueda rehacer su vida bajo un marco de respeto total a sus derechos fundamentales.
El plan de rescate de 300 personas entrará en una etapa de revisión para asegurar que el modelo de rehabilitación cumpla con los estándares de salud pública. El Ayuntamiento mantendrá una vigilancia estrecha sobre el uso del recurso para evitar que las prácticas señaladas en otros municipios se repliquen en la ciudad, manteniendo el compromiso de que Tijuana sea un espacio de respeto a la diversidad y la dignidad humana.
