Tijuana, Baja California, 11 de mayo de 2026.- Integrantes del Colectivo CESODI encabezaron la primera conmemoración oficial del Día Estatal contra la Violencia Vicaria en Baja California, subrayando que la fecha no representa un festejo, sino un recordatorio del dolor de las madres separadas de sus hijos. Estefanía Plascencia, cofundadora de la organización, enfatizó que este reconocimiento busca romper el silencio institucional ante una forma extrema de violencia de género que utiliza a los menores como instrumentos de castigo.
Un reconocimiento nacido de la lucha social
Tras años de exigencia ciudadana, el 11 de mayo quedó establecido formalmente en el calendario estatal. Plascencia aclaró que este paso legislativo es apenas el inicio para visibilizar que la violencia vicaria no es un conflicto doméstico común, sino una estrategia de control y destrucción emocional hacia la mujer. “Ninguna infancia debe ser utilizada como instrumento de castigo y ninguna madre debería atravesar violencia institucional”, sentenció durante el pronunciamiento.
Rezago en el Poder Judicial y la Fiscalía
A pesar de que la ley en la materia tiene tres años de vigencia en la entidad, los resultados jurídicos son mínimos. Samantha Sesma, también cofundadora de CESODI, reveló que solo dos casos han logrado llegar ante el Poder Judicial del Estado, bajo los cargos de violencia familiar equiparada y psicológica. Sin embargo, precisó que hasta la fecha no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria contra los agresores, aunque se han recuperado algunas convivencias.
Exigencia de capacitación técnica
El colectivo denunció que actualmente existen 25 carpetas de investigación paralizadas debido a deficiencias técnicas. Según las activistas, los agentes de la Fiscalía General del Estado carecen de la preparación necesaria para integrar los expedientes bajo la tipicidad de violencia vicaria, lo que deriva en una revictimización constante de las madres que buscan justicia y protección para sus hijos.
El impacto en las infancias
Hacia el futuro, el colectivo solicitó formalmente a la Fiscal General la reactivación de las mesas de trabajo interinstitucionales. Advirtieron que el retraso en los procesos legales permite que los menores crezcan en entornos de manipulación y miedo. La meta de CESODI es lograr que las autoridades adopten una verdadera perspectiva de infancia y derechos humanos para evitar que más mujeres sean castigadas a través de sus hijos.
