Tijuana, Baja California, 26 de abril de 2026.- El abogado Vicente Piña denunció públicamente la operación de un presunto “cártel inmobiliario” en Baja California, señalando el despojo ilegal de 3.5 hectáreas pertenecientes al patrimonio de la familia Otañez. De acuerdo con el litigante, esta operación fue posible mediante una red de influencias que involucra a activistas y funcionarios estatales del Registro Público de la Propiedad.
Manipulación de juicios laborales
La denuncia establece que el despojo se originó en un juicio laboral radicado en la Ciudad de México desde el año 2009. Piña acusó que, mediante irregularidades administrativas, los nombres de los actores y demandados originales fueron modificados para facilitar el reclamo de las tierras. Según el abogado, la autora intelectual de estos hechos es la activista Erika Miroslava Limón Enciso, quien habría orquestado la maniobra legal.
Irregularidades en el Registro Público
El caso escaló cuando se giró un acta de embargo sobre un total de 47 hectáreas vinculadas al patrimonio familiar. El denunciante señaló que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) en Baja California inscribió el embargo en 2023 sin verificar la autenticidad del documento ni notificar a los propietarios legítimos. Entre los señalados figuran la magistrada Nisma Nivel Romero Pelayo y el analista Omar Rodarte Trujillo.
Responsabilidad de altos funcionarios
Piña también apuntó hacia la dirección general del Registro Público, a cargo de Carlos Murguía Mejía, argumentando que existió una omisión administrativa grave al no garantizar la legalidad de los documentos inscritos. El abogado sostuvo que el tráfico de influencias permitió que documentos presuntamente falsos fueran validados por la autoridad registral para avalar la ocupación de los predios.
Defensa legal y amparo federal
Ante la ocupación progresiva de los terrenos, la defensa de la familia Otañez llevó el caso ante el Poder Judicial de la Federación a través de un juicio de amparo. Con este recurso, buscan que la autoridad emita un informe detallado que evidencie las anomalías procesales y administrativas que permitieron el despojo, con el fin de restituir la propiedad a sus dueños originales.
