Por Isabel Mendoza
Baja California, 24 de abril de 2026.- El Congreso de Baja California aprobó su adhesión a la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para legislar una Ley General en materia de feminicidio. Esta medida busca establecer un piso de igualdad en sanciones y protocolos de investigación en todo México, evitando que la ubicación geográfica de la víctima determine el acceso a la justicia.
La diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presidenta de la Mesa Directiva, destacó que aunque Baja California ha logrado avances significativos en su Código Penal, la disparidad legislativa entre estados representa un obstáculo para la justicia. La legisladora subrayó que “el código postal no debería definir cuál es la justicia para las mujeres”, justificando así la necesidad de una norma que rija a nivel federal.
Con esta reforma, se espera que en las próximas semanas el Congreso de la Unión someta a votación la Ley General. El objetivo central es que los tipos penales, las agravantes y las sanciones sean uniformes, eliminando las lagunas legales que actualmente varían de una entidad a otra.
De acuerdo con la diputada, Baja California ha implementado reformas que ya permiten obtener sentencias de entre 80 y 100 años de prisión contra feminicidas. Sánchez Allende explicó que estos resultados derivan de la inclusión de agravantes específicas en el Código Penal local, las cuales se aplican cuando el agresor es conductor de transporte por plataforma, cuando el delito es cometido por varias personas o en casos de imitación.
La legisladora señaló que estas herramientas jurídicas han sido fundamentales para fortalecer las condenas. No obstante, reconoció que el reto persiste en la operatividad de las instituciones, especialmente en lo que respecta a la aplicación de protocolos de actuación por parte de las fiscalías.
Un punto crítico mencionado es la necesidad de realizar investigaciones con perspectiva de género. El compromiso del Congreso estatal, según afirmó la presidenta, es realizar todas las adecuaciones necesarias para que el estado mantenga un estándar alto en protocolos de actuación y sentencias que garanticen la máxima aplicación de la ley y el combate a la impunidad.
El impacto futuro de esta ley general será la creación de un marco jurídico nacional que obligue a todas las fiscalías del país a operar bajo los mismos estándares de eficiencia y sensibilidad, asegurando que ningún caso de violencia extrema quede impune por deficiencias técnicas en los códigos estatales.
