Ciudad de México, 22 de abril de 2026.- El Senado de la República aprobó una reforma trascendental a la Ley de Vivienda, orientada a consolidar el acceso a un hogar como un derecho humano efectivo y no como una mercancía. La senadora Julieta Ramírez manifestó su respaldo a esta iniciativa, la cual otorga mayores facultades a los organismos públicos para construir, rehabilitar y financiar esquemas de autoproducción, buscando impactar directamente en las familias que históricamente han quedado fuera del mercado inmobiliario tradicional.
Vivienda como derecho, no como negocio
Durante la sesión, se enfatizó que el objetivo primordial es que las autoridades estén obligadas a proveer espacios que cuenten con servicios básicos y condiciones dignas. Ramírez subrayó que esta modificación legal busca que la vivienda deje de ser un privilegio o un negocio de unos cuantos. “Hoy aprobamos en el Senado una reforma que obliga a las autoridades a construir vivienda digna, segura, cercana a los servicios públicos y a precios justos”, declaró la legisladora, destacando el cambio de paradigma en la política habitacional del país.
Prioridad para sectores vulnerables
La reforma establece criterios de prioridad para la asignación de estas viviendas. Tendrán preferencia las mujeres jefas de familia, integrantes de comunidades indígenas, jóvenes y adultos mayores. Asimismo, se contempla que el acceso no sea exclusivamente mediante la compra, sino que se fortalezca el esquema de arrendamiento. Un punto clave de la nueva normativa es la protección económica del trabajador, estableciendo que el pago de renta no podrá exceder el 30% del salario percibido, garantizando así la viabilidad financiera de los hogares.
Requisitos y cobertura nacional
Para acceder a los beneficios de este programa impulsado por el Gobierno Federal, los interesados deben acreditar ingresos mensuales menores a dos salarios mínimos. Con esta base legal, se busca reducir el rezago habitacional mediante la construcción de 1,800,000 viviendas para el bienestar en todo el territorio nacional. Los organismos de vivienda ahora cuentan con el respaldo jurídico para intervenir directamente en la edificación y financiamiento, eliminando intermediarios que encarecían el costo de los inmuebles.
Impacto futuro y seguimiento
Tras la aprobación en el Senado, el siguiente paso será la implementación operativa por parte de las instituciones de vivienda. Se espera que en Baja California, particularmente en zonas de alto crecimiento como Tijuana y Mexicali, se instalen mesas de registro para los sectores prioritarios. La vigilancia de que estas construcciones se ubiquen efectivamente cerca de centros de trabajo y servicios públicos será fundamental para el éxito de la reforma a largo plazo.
