Baja California, 16 de abril de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio, informo la senadora por Baja California, Julieta Ramírez Padilla. Expresó que la medida busca eliminar la disparidad de criterios entre estados para reducir la impunidad en delitos contra la mujer.
Contexto electoral y legislativo
Esta reforma surge como una de las prioridades de la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum, enviando una señal de cohesión en el Congreso tras obtener 109 votos a favor. En el marco del actual proceso político, la consolidación de leyes generales permite centralizar estrategias de seguridad, un tema recurrente en la agenda pública de Baja California.
Homologación y penas severas
La senadora Ramírez Padilla explicó que la diversidad de mecanismos de investigación actuales genera vacíos legales. “Lo que es más grave aún es que al día ocurren entre 9 y 10 muertes violentas de mujeres”, señaló, enfatizando que la nueva legislación pretende elevar las sanciones hasta los 70 años de prisión. La propuesta integra 21 agravantes y establece que el delito será investigado de oficio, lo que impide que los casos se cierren por falta de denuncia o desestimiento.
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Para las familias mexicanas esta ley significa que el feminicidio no prescribirá. Además, quienes resulten responsables perderán derechos de patria potestad, una medida que busca proteger directamente a los hijos e hijas que quedan en situación de orfandad tras estos crímenes. La ley propone replicar a nivel nacional la estrategia que en su momento instrumentó la fiscalía capitalina.
El dictamen ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su revisión final. Se anticipa que, tras su aprobación, las fiscalías estatales, incluida la de Baja California, deberán ajustar sus protocolos de perspectiva de género de forma obligatoria, lo que pondrá a prueba la capacidad institucional y operativa de las autoridades locales frente a la presión social por resultados inmediatos.
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