Tijuana, Baja California, 10 de abril de 2026.- El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías alertó sobre una reciente tendencia en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, según su análisis, inclinan la balanza jurídica a favor del gobierno federal. El especialista señaló que los nuevos criterios adoptados por el máximo tribunal priorizan los intereses del Estado por encima de los derechos de los contribuyentes, especialmente en disputas de carácter fiscal y administrativo.
El impacto del congelamiento de cuentas
Uno de los puntos más críticos señalados por Solís Farías es el uso de medidas cautelares por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El experto destacó que el bloqueo de cuentas bancarias se ha convertido en una herramienta recurrente que deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolos a pasar periodos prolongados sin acceso a sus recursos financieros para operar o subsistir.
Falta de compensación para ciudadanos
El fiscalista explicó que existe una disparidad alarmante en la responsabilidad legal entre el Estado y el particular. Mientras que un contribuyente es penalizado con recargos y actualizaciones por cualquier retraso en sus obligaciones, el Estado no ofrece compensación económica alguna cuando el congelamiento de cuentas resulta ser improcedente. Para Solís, este trato inequitativo refleja que las autoridades no asumen consecuencias por actuaciones que afectan el patrimonio ciudadano.
Debilitamiento del contrapeso judicial
Finalmente, el especialista consideró que estas decisiones de la Suprema Corte evidencian una preocupante falta de rigor técnico y una inclinación hacia criterios políticos. Advirtió que, al validar actuaciones estatales sin exigir una rendición de cuentas equilibrada, el Poder Judicial pierde su esencia como contrapeso. Lo que sigue tras estas resoluciones, indicó, es un escenario donde el contribuyente enfrenta una defensa jurídica cada vez más limitada frente a las facultades de las autoridades hacendarias.
