Tijuana, 26 de enero de 2026.- Sayuri Arrevillaga, sobreviviente de violencia vicaria, acudió este lunes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Zona Río, para exigir justicia y una intervención inmediata que garantice la seguridad de su hijo, Damián Alessandro, de 15 años, a quien considera también víctima de violencia por parte de su padre.
Entre lágrimas, la madre solicitó que tanto la FGE como el Poder Judicial actúen de manera urgente para poner en resguardo al adolescente, al señalar que desde hace tiempo desconoce su paradero y su estado físico y emocional, situación que la mantiene en constante temor por su integridad y su vida.
Arrevillaga relató que su matrimonio estuvo marcado por la violencia, motivo por el cual se separó en 2019. Posteriormente, en 2022, su hijo fue sustraído por su padre. Desde entonces, aseguró, ha presentado ante las autoridades diversos elementos para demostrar que el hombre es violento y que el menor se encuentra en riesgo.
“A pesar de haber presentado los testigos, los peritajes, las evidencias, las carpetas de investigación de violenta vicaria, de violencia familiar y de sustracción de menores, el juez de control decidió dejar libre a mi agresor porque indicó que en 2022 la sustracción de menores no era un delito y que solamente la Violencia Vicaria era una moda de Europa”, denunció.
Tras esta resolución, el caso fue turnado al Juzgado Quinto de lo Familiar, a cargo de la jueza Aleyda Villegas. La madre señaló que su preocupación aumentó luego de recibir información de Liliana, hermana de Magali, actual pareja del padre del menor, quien le advirtió sobre episodios de violencia y un presunto intento de suicidio.
Sayuri afirmó que toda esta información ya fue entregada a la Fiscalía y que existen declaraciones formales. Sin embargo, denunció que no ha recibido información oficial sobre la localización ni el estado de su hijo.
“La Fiscalía no me ha dicho nada. Pasé la noche en vela sin saber si mi hijo estaba a salvo, si estaba vivo”, expresó, al reiterar su exigencia de que se activen los protocolos de protección a la infancia.
