Tijuana, 2 de enero de 2026.- La reciente reforma en materia aduanera y la cancelación del decreto que permitía la regularización de vehículos de procedencia extranjera han obligado a los comerciantes de autos usados a ajustar sus operaciones, particularmente en ciudades fronterizas como Tijuana.
Con los cambios a la Ley Aduanera, el sector enfrenta un entorno más estricto en cuanto a controles administrativos y fiscales, lo que implica replantear los procesos de compra, importación y comprobación de pagos para cumplir con los nuevos lineamientos federales.
Uno de los principales retos para los pequeños comerciantes es acreditar el origen de los recursos utilizados en la adquisición de unidades, especialmente aquellas compradas en subastas, donde es común el uso de efectivo o cheques de caja.
Esta práctica, frecuente en remates realizados en Estados Unidos, contrasta con las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda, que exigen una mayor trazabilidad financiera mediante el uso de transferencias electrónicas y registros bancarios.
Si bien algunas de estas obligaciones se encuentran actualmente en periodo de prórroga, a partir del mes de abril los vendedores deberán entregar información electrónica más detallada relacionada con las importaciones y los pagos efectuados.
Representantes del sector señalaron que mantienen comunicación con las autoridades federales con el objetivo de encontrar esquemas que permitan cumplir con la normativa vigente sin poner en riesgo la viabilidad económica de los pequeños y medianos negocios dedicados a la venta de vehículos usados.
