Desde Chapultepec || Por Joatam de Basabe

De la ley de Herodes

La ley de Herodes es una película que justo este año cumplió dos décadas de haberse estrenado en los cines del país, y exhibe de una manera satírica la corrupción e impunidad dentro del gobierno mexicano.

 

En su momento causó un escándalo en las altas esferas del poder, porque justo estaban por llevarse a cabo las históricas elecciones del año 2000, por lo que pretendieron sobornar al cineasta Luis Estrada para que cancelara el estreno, o por lo menos lo pospusiera hasta después de las elecciones (según sus propias declaraciones).

 

Una de las escenas más recordadas es la que muestra al protagonista, Juan Vargas (interpretado por Damián Alcázar), modificando la constitución para extender a 20 años el periodo de gobierno de los alcaldes, y de esta manera sigue el consejo que le dio el gobernador al entregarle la constitución: “si usas la ley a tu conveniencia ya está todo listo, recuerda que en este país el que no transa no avanza”.

 

Aunque la película resulta chusca y hace reír, no deja de ser un retrato fiel de la triste realidad política de México, hasta los tiempos actuales, y lo podemos ver más claro que nunca con las reformas propuestas por el gobernador Jaime Bonilla, todas ellas a conveniencia.

 

Comenzando por la llamada Ley Bonilla, con la que pretendía extender su periodo de mandato (al más puro estilo de la película) de dos a cinco años, misma que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una sesión en la que dejaron claro que lo que pretendía hacer no sólo violaba diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, sino que además era “un verdadero fraude a la Constitución”.

 

Después intentó la Ley Bonilla 2, llamada así porque también se trataba de modificar el periodo de gobierno, pero no para aumentar el propio, sino para disminuir el del sucesor, y con ello abrir la posibilidad de reelegirse en tres años.

 

También intentó modificar el artículo 49 de la Constitución de Baja California, para poder ejercer la autopromoción de manera periódica, reforma que también fue declarada inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mes pasado.

 

Por otra parte, la semana pasada fue aprobada en sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, una reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte de Baja California, para permitir que cualquier persona sin estudios pueda ser director del Instituto Estatal del Deporte, y que además pueda remover a los presidentes de las asociaciones deportivas a su antojo.

 

La más nueva que se acaba de aventar el mandatario estatal es promover en “fast track” (de madruguete) una reforma al artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, con lo que se inventa la figura de “separación permanente” del cargo de munícipe, a los alcaldes que pidan licencia por más de 30 días naturales.

 

Pero no sólo eso, sino que el encargado de designar al nuevo alcalde o alcaldesa, será el gobernador del estado (en este caso Jaime Bonilla), en contubernio con el Congreso Local, que, dicho sea de paso, no es más que un grupo de personas que aprueban todo lo que el gobernador les diga que aprueben.

 

Dicha reforma fue propuesta, aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado en cuestión de horas, y aquí vale la pena hacer la aclaración de que eso es algo completamente inusual, ya que regularmente pasan días o semanas para que una reforma aprobada se publique y surta efecto, pero en este caso se aprobó el sábado y ese mismo día se publicó.

 

El motivo de esa prisa tan afanosa era impedir que el alcalde de Tijuana vuelva a pedir licencia para contender por la gubernatura, y que si lo hace, entonces se le revoque el mandato y se imponga a un nuevo alcalde cercano a Jaime Bonilla.

 

Cabe mencionar que esa tarde Arturo González Cruz pediría licencia de nueva cuenta, sin embargo, al ver la publicación inmediata del nuevo decreto, decidió posponer la sesión de cabildo y se dice que esperará hasta promover una controversia constitucional para que la Suprema Corte invalide la reforma, proceso que podría tardar tanto que al final de cuentas Jaime Bonilla se saldría con la suya.

 

*Joatam de Basabe es comunicólogo y periodista, con más de una década de trayectoria en los medios de comunicación (radio, periódico, televisión e Internet). Actualmente es secretario de la Asociación de Periodistas de Ensenada y reportero de Televisa Californias.

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