Entre el modelo económico y el presidencialismo || Transiciones

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Transiciones ‖ Víctor Alejandro Espinoza

Considero que al menos existen hoy dos grandes temas fundamentales en la discusión pública mexicana, que muchas veces se entrecruzan y por tal motivo provocan confusión política y académica. Por un lado, el tema del modelo económico en el cual se sustenta el crecimiento y desarrollo del país; y por el otro, nuestra forma de gobierno presidencialista y que condiciona la relación entre la federación y las entidades de la República.

Hoy se trata de discusiones ineludibles para comprender el tránsito de nuestra economía y la vida política y cuáles deberían ser las mejores opciones ante la crisis a la que nos ha conducido la pandemia del Covid 19. Es decir, la profundidad de los desequilibrios provocados por el coronavirus en el terreno económico y social han puesto en el centro de las discusiones por parte de todos los actores sociales y políticos cuáles son los probables rumbos del país si se toman o se dejan de tomar decisiones en diferentes sentidos,

En el ámbito del modelo económico vigente y que fue impulsado por los sucesivos gobiernos básicamente a partir de 1982, hasta hoy no había sido cuestionado con fuerza desde el mismo gobierno. Andrés Manuel López Obrador ha señalado al modelo neoliberal como el origen de las desigualdades sociales y de la corrupción que corroe a todo el sistema político. Las salidas planteadas ante la crisis provocada por la pandemia, han llevado a un enfrentamiento no sólo de los actores económicos, sino del mundo académico y político: para los defensores del modelo neoliberal los recursos crecientes que requiere la emergencia sanitaria deben provenir del endeudamiento público; recursos que también deberían ser canalizados al sector privado para paliar las pérdidas, siendo los empresarios el medio para reactivar a sus empresas y por esa vía apoyar a los trabajadores.

Desde la perspectiva del gobierno no debe contratarse deuda pública, menos para canalizar los recursos a los empresarios que siempre han sido beneficiados. Dichos recursos deben llegar sin intermediación a los pobres y desamparados, que son la mayoría de la población, tendrán que provenir de medidas de austeridad y del combate a la corrupción. Un nuevo modelo de desarrollo económico y social, medido con otros indicadores, es la propuesta gubernamental para dejar atrás el modelo neoliberal que ha conducido a una sociedad terriblemente injusta y polarizada.

Sin embargo, esa discusión se entrecruza con la crisis del presidencialismo como forma de gobierno. Los detractores de AMLO no cuestionan el presidencialismo mexicano y la manera en como se reproduce en las entidades federativas. Su crítica es a través de la reivindicación del federalismo en sus diferentes vertientes: económico, fiscal y político. Consideran que la integración federal es injusta porque se les quita a las entidades más ricas recursos por parte del gobierno central y se les regresa muy poco. Su propuesta es que los gobiernos estatales, en concreto, los gobernadores, reciban más recursos para enfrentar los problemas locales. Lo que nunca se dice es que cuanto más recursos han tenido los gobernadores la corrupción se ha incrementado. Lo que critican del gobierno central ellos lo reproducen. El poder que han ganado los ha transformado a muchos de virreyes a señores feudales. 

Ponen de ejemplo a Alemania como el ideal del federalismo. Pequeño problema: aquella Nación tiene una forma de gobierno parlamentaria. La profundización del poder estatal reproduciendo el presidencialismo, no garantiza resolver los problemas locales, pero sí la posibilidad de un mayor incremento de la corrupción. Así ha sido históricamente en nuestro país. Lo que urge, desde mi punto de vista, es revisar nuestro viejo presidencialismo y ver cómo transitamos hacia otra forma de gobierno semi presidencialista o parlamentaria. Esa sería una apuesta compatible con un “nuevo federalismo”, en el cual así como a nivel central el partido o coalición ganadora en el Congreso designe al presidente, las legislaturas locales hagan lo propio con el gobernador. Pero de eso ni siquiera los académicos discuten. El mundo académico continúa atrapado en el discurso frontal o políticamente correcto. Las propuestas sustantivas son inexistentes.

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