Una nueva administración en Baja California: ¿Una oportunidad para fortalecer la relación con los Estados Unidos y promover el desarrollo local? 

José María Ramos García. Especialista de El Colegio de la Frontera Norte en gestión y políticas estratégicas para la desarrollo

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Hace 30 años se dio la primera alternancia democrática con el triunfo del PAN en México. De nuevo se da una alternancia con el triunfo de MORENA a la gubernatura al estado de Baja California en julio de 2019.


En un contexto en que los/ las ciudadanos cuestionaron la escasa transparencia, deficiente gestión financiera, ineficaz coordinación interinstitucional, limitada rendición de cuentas, la presunta corrupción gubernamental  y la creciente inseguridad, que suma 10,702 mil homicidios dolosos en los últimos seis años de la pasada administración estatal. 

Estos mismos desafíos de gestión y política pública se aplicarán a la nueva administración gubernamental, integrada por miembros de diferentes partidos políticos (PAN, PRI, PRD y Partido Verde). Su gran reto será demostrar capacidades institucionales para resolver o en su caso, disminuir los problemas locales y estatales que aquejan a los bajacalifornianos. 


No es un problema de dos o cinco años de gobierno, sino de capacidades de gestión a demostrar, que fundamenten las capacidades políticas para construir consensos y acuerdos que deberían de concretizarse en mejores políticas públicas para la reducir la corrupción, una mejor gestión financiera, pagos oportunos al magisterio y a la educación superior, fortalecer la  competitividad, mejorar el bienestar y reducir los índices delictivos. 

En materia de relaciones fronterizas con los Estados Unidos, la nueva administración en el estado de Baja California se enfrenta a los siguientes desafíos de gestión y de política fronteriza:

1) Un nuevo impulso a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, que cumple 37 años de creación. Esta Conferencia puede ser un espacio para abordar los temas críticos de la relación binacional (seguridad, migración, comercio y cruces fronterizos) y sus impactos locales y transfronterizos. Baja California interactúa con dos estados estratégicos en el ámbito internacional: California y Texas. Con los cuales se pueden buscar consensos con actores demócratas y republicanos en los temas centrales de la agenda transfronteriza y binacional.

2) Reiterar  el avance de la Frontera del Siglo XXI desde el 2001, en materia de fortalecer la seguridad  y la agilidad en los cruces fronterizos en México y Estados Unidos. En donde la frontera de Tijuana y San Diego contabiliza cerca de 90 mil cruces al día. Esta iniciativa sigue siendo estratégica a 18 años de su impulso, porque ha permitido lograr un equilibrio entre las políticas de control de la seguridad fronteriza (terrorismo y flujos migratorios) y una mayor agilización del tráfico de personas, autos y mercancías. Y en consecuencia, ha impactado en los ingresos turísticos y comerciales de los gobiernos fronterizos de ambos países. La renovación actual de la infraestructura terrestre y administrativa en el cruce de San Ysidro, CA con Tijuana, refleja la importancia estratégica de dicha frontera para Washington, DC.

3) La implementación de la Guardia Nacional en el estado de Baja California puede ser una opción para reducir la inseguridad y la violencia fronteriza, si existe una articulación eficaz en términos de estrategias, capacitación, proyectos de incidencia y sobre todo investigación e inteligencia para reducir la criminalidad de los grupos delictivos. El estado de Baja California requiere integrar al sector privado en materia de fortalecer programas preventivos con OSCs, de procuración de justicia y mejora de las condiciones de los policías. Una alternativa en este sentido, sería adaptar el modelo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) de Chihuahua y en especial Ciudad Juárez a las políticas de seguridad local y estatal. La desaparición de la Policía Estatal Preventiva no resolverá la inseguridad y violencia, la podría agudizar, sino existen los mecanismos de control y reclutamiento.

4) El flujo de migración procedente de Centroamérica presenta dos opciones: Un problema si se criminaliza la migración por sus efectos locales aislados. Una oportunidad, si se reconoce el aporte de los migrantes irregulares en términos de derechos de la ciudad, según la Agenda 2030  (ODS) y se promueve la participación interinstitucional y de organismos internacionales como OIM, CEPAL y ACNUR, con una agenda del bien común y desarrollo comunitario. En otras palabras, la nueva administración de Baja California tiene el reto de plantear una nueva agenda basada en la cooperación internacional para el desarrollo, lo que implicaría proponer otra visión de fenómeno migratorio. Lo que conlleva a gestionar recursos financieros
interinstitucionales, privados y redes multinivel a diferentes iniciativas para la integración de los flujos migratorios, tales como reinserción social, iniciativas de empleo, asesoría legal y en general, apoyos a los distintos Albergues de Migrantes.

5) El estado de Baja California ha sido uno de los principales beneficiados por la implementación del TLCAN desde el año de 1994.  La posibilidad de prorrogar su nueva versión: el T-MEC  hasta el término de la elección presidencial de Estados Unidos el
próximo año, tendría implicaciones diversas. En ese marco, será importante visibilizar los beneficios comerciales y económicos del TLCAN, tanto transfronterizos como binacionales. Una alianza de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México – Estados Unidos en favor de la competitividad y el bienestar en el marco del T-MEC sería estratégico, en la coyuntura en que el Partido Demócrata tiene algunas reservas de apoyar la extensión comercial. Igualmente las oportunidades de la frontera son el marco propicio para fortalecer políticas de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, con un enfoque de innovación e inclusión social para grupos vulnerables.

En suma, el ascenso de una nueva administración en Baja California a partir de noviembre de 2019 es estratégica en la relación México- Estados Unidos, si se fundamenta en capacidades institucionales, que permitan priorizar una eficaz agenda estratégica para la seguridad y el desarrollo, con base en una efectiva gobernanza multinivel, y según los logros económicos y comerciales fronterizos, transfronterizos y binacionales.

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