Diario digital, con noticias de Tijuana y su región metropolitana

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Vital un mejor manejo de los residuos peligrosos

José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA)

Tijuana.- Los residuos peligrosos no son basura y requieren de un mejor manejo, porque a veces pueden generarse en pequeñas cantidades y aun así tener un impacto muy serio en la salud y el medio ambiente.

El manejo de los residuos peligrosos (RP) es competencia del gobierno federal, el de residuos sólidos urbanos (RSU) corresponde al gobierno municipal y los residuos de manejo especial (RME) competen al estatal, pero con gran facilidad se da la concurrencia, porque hay residuos peligrosos no solo en la industria, sino en comercios y hogares.

“En el manejo de residuos peligrosos generados por las actividades económicas se atribuye responsabilidad a las empresas; para evitar sanciones administrativas y penales es vital conocer la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Residuos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), convenios internacionales y las reformas hechas al Código Penal Federal en años recientes”.

Cabe recordar que el artículo 414 del Código Penal Federal señala que se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas.

Respecto a las sustancias consideradas peligrosas, el artículo se refiere a aquellas con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas que causen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

“Todo este entramado jurídico se ve fortalecido, en cada vez más casos, por compromisos voluntarios de empresas y corporativos enfocados al desarrollo sostenible, con programas que promueven la cultura y educación ambiental, así como certificaciones que responden a un consumidor cada vez más informado y exigente que busca productos y servicios amigables con el medio ambiente”.

Con la entrada de marcas extranjeras, el sector gasolinero se volvió más meticuloso en el manejo de residuos peligrosos, un efecto también del trabajo de una nueva entidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la ASEA, que atiende especialmente el tema de hidrocarburos.

Hay municipios en donde a los talleres mecánicos la reglamentación les exige evidencias de contrato y destino de los residuos peligrosos para evitar que se mezclen con residuos sólidos urbanos y terminen en rellenos sanitarios; algo similar aplica a estéticas, farmacias, imprentas, limpiaduras, yonkeros, llanteras e infinidad de micro generadores.

“Especial mención merece el sector turístico, inmobiliario y hotelero que es, en general, de construcción verde y operación amigable con el medio ambiente; hay fondos financieros que invierten con criterios de sustentabilidad y hay también asociaciones profesionales, empresariales y artísticas que buscan destinos y sedes para congresos y convenciones con servicios amigables al medio ambiente”.

Desarrollos inmobiliarios y turísticos en toda la península de Baja California están atentos y actuando en esta dirección, así lo reportan expertas involucradas en la capacitación del personal, como la ingeniera química Jessica Castañeda, la ingeniera Sheila Tirado y la licenciada Nayeli Márquez.

“Las tres son profesionales que forman parte de la empresa Biosea, con presencia en Baja California y Baja California Sur, quienes impartieron recientemente una serie de cursos sobre la responsabilidad ambiental en el manejo de residuos peligrosos para el personal de mantenimiento en hotelería”.

En el caso de Tijuana, la ciudad vive un intenso desarrollo inmobiliario vertical, con vivienda, hoteles y centros comerciales, algo que tiene impactos ambientales en materia de movilidad urbana y en la demanda de agua, drenaje y energía eléctrica.

“Los vecinos están cada vez más preocupados por la transformación de su comunidad; mitigar los impactos es responsabilidad del desarrollador, la autorización es necesaria para la adaptación aceptada por vecinos y regulada por el gobierno, seguro así podrán evitarse conflictos como los que hoy se dan en la rampa del Centro Escolar Aguacaliente”.

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