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Transiciones || Víctor Alejandro Espinoza

Sufragio extraterritorial ¿Qué sigue?

En 13 años, desde que se aprobara la legislación secundaria el 30 de junio de 2005, se ha multiplicado el número de elecciones desde el exterior.

 

La diáspora mexicana ha tenido la oportunidad de participar a distancia en la elección de gobernantes en el país de origen. México se ha sumado al concierto de naciones que han instrumentado el sufragio extraterritorial en la última década.

 

La numeralia de voto a distancia incluye: 3 elecciones presidenciales (2006, 2012 y 2018); senadores de las 32 entidades; 2 elecciones para diputado federal en Chiapas (2012 y 2015); 19 elecciones para gobernador en 15 estados y diputados migrantes en Jalisco.

Es interesante resaltar que solo el pasado 1 de julio se eligieron: presidente de la República, 7 gobernadores, senadores y diputados en Jalisco.

 

Las entidades con elección de gobernador fueron Chiapas, Ciudad de México (por tercera ocasión ya que anteriormente lo hicieron en 2006 y 2012), Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.

 

Estamos hablando de un acumulado desde 2006 muy importante. Prácticamente la mitad del país ya elige a sus gobernadores desde el exterior.

 

Ha sido un fenómeno politico que ha crecido quizás como ningún otro: eso exige una capacidad institucional tanto para el INE como para los distintos OPLEs involucrados. No es para menos, el volúmen de la emigración no parece tener parangón en el mundo occidental.

 

Como señala Saúl Salazar: “Actualmente en Estados Unidos viven poco más de 54 millones de hispanos: es decir, dos de cada 10 personas. Para el caso de la población de origen mexicano, incluyendo primera, segunda y tercera generación, los datos muestran que son 34.6 millones, es decir, representan el 11% respecto al total de la población que vive en Estados Unidos, 313 millones, y 64% de la población de origen hispano, es decir, es la primera mayoría” (“Los mexicanos de fuera. Numeralia y cultura política”, en Víctor Alejandro Espinoza (coord.) El voto a distancia. Derechos politicos, ciudadanía y nacionalidad. Experiencias locales, Eón/IEEG, 2016, p. 33).

 

Lo interesante es que de ese total, la mayoría son ciudadanos estadounidenes (por nacimiento o naturalización), otro porcentaje son residents legales y el resto residentes indocumentados. A raíz de la llegada al poder del presidente Donald Trump en enero de 2017, se ha incrementado el número de trámites de mexicanos para pasar de residentes legales (green cards) a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, las tasas siguen siendo reducidas en el caso de los paisanos.

 

Resulta evidente que en el futuro podremos ver el incremeno de cargos que también serán disputados por la diáspora para elegir a gobernantes en México: más entidades sumándose a la elección de gobernadores, pero también diputados y lo que aún falta: alcaldes (y digo faltan porque lo que si ha habido, por ejemplo en el caso de Zacatecas es incluir a candidatos migrantes a las alcaldías -recuérdese al Rey del Tomate, Andrés Bermúdez) pero que no son electos desde el exterior. Eso exige un reto enorme para la organización electoral a distancia. El INE y los órganos electorales locales tendrán que redoblar sus esfuerzos.

 

¿Cómo focalizar mejor tanto los esfuerzos como los recursos necesarios crecientes? He venido sosteniendo, incluso antes de que se acumularan el número de casos, que la población objeto de las estrategias de involucramiento en los procesos nacionales en razón de su estatus y condiciones legales, laborales y afectivas, deberían ser los residentes legales (green cards), así como los más abandonados de todos: los indocumentados. Sabemos que los residentes legales al menos participan para elegir autoridades locales (esto en Estados Unidos). Sin embargo, la población indocumentada no tiene ningún tipo de participación en su país de residencia, aunque sí, poco a poco, como lo vemos en el caso de México).

 

Lo que propongo es una política de comunicación más intensa llamando en particular a votar a estos dos grupos de población, sin marginar a los que ostentan la ciudadanía estadounidense. Si bien hay investigaciones con conclusiones divergentes, considero que tanto los residentes legales como los indocumentados pudieran tener mayor interés en participar en su país de origen, antes que en su nuevo país de llegada, al que por obvias razones legales no se han integrado plenamente.

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